Deben crear un espacio propio para la participación en el debate social

Retos y oportunidades de los medios públicos

Ernesto Villanueva

Profesor titular de derecho de la información de la Universidad Iberoamericana.

En México parece que se llega tarde a todo. Es el caso de los medios públicos, como de muchos otros en esa agenda nutrida al mismo tiempo de retos del pasado y del futuro. Y no es para menos. Desde hace poco tiempo, la discusión en el país ha empezado a versar sobre si hay que seguir contando con medios del Poder Ejecutivo1 o hay que convertirlos en medios públicos o de Estado.

La ausencia de estudios profundos sobre la materia en las universidades ha sido uno de los factores propiciatorios para que el régimen durante largo tiempo haya ofrecido tesis, apelando a sofismas como argumentos de autoridad. En síntesis, las versiones gubernamentales han sostenido, palabras más palabras menos, que el Presidente de la República o el gobernador del estado, según se trate, encarne la representación popular al ser electos en las urnas, razón por la cual no hay necesidad alguna de representación adicional en los medios con cargo al erario público. Se trata, por supuesto, de un despropósito que no resiste un análisis mínimo.

Veamos: a) El Ejecutivo no es el gobierno ni mucho menos el Estado. El gobierno, además del Ejecutivo, está compuesto por los poderes Legislativo y Judicial. El Estado comprende el gobierno e incluye el territorio y la población. b) Los medios públicos son herramientas para satisfacer el derecho a la información del auditorio, una buena parte de la cual proviene precisamente de las instancias del Ejecutivo y del gobierno, por lo que resulta impropio que el mismo Ejecutivo suministre los criterios informativos de los datos y opiniones que debe recibir la opinión para evaluar precisamente el ejercicio del poder público. c) Estos presupuestos filosóficos se encuentran previstos en la experiencia comparada, habida cuenta que los medios públicos en las democracias comprenden una representación gubernamental y comunitaria para garantizar un tratamiento imparcial y veraz de la información y de la línea editorial de los medios públicos.

Pero si en el país apenas inicia ese debate para distinguir entre medios del Poder Ejecutivo y medios de Estado, en los Estados democráticos de derecho la noción de medios de naturaleza pública ha entrado en crisis. El problema no es menor ni accesorio. Mientras México discute si inicia el camino en busca de medios de Estado, las democracias debaten sobre cómo regresar de esa ruta por el camino de la privatización. El tema ha adquirido un interés creciente desde el ámbito académico.2 Si en México los argumentos en favor de los medios del Ejecutivo han provenido del régimen político, en las democracias la articulación argumental ha sido elaborada, en cambio, por un grupo de trabajo financiado por las empresas privadas.

El debate intelectual no es fácil. Las construcciones teóricas de la escuela neoliberal tienen grandes dosis de efectismo que, a primera vista, pudieran parecer irrefutables. En el fondo ciertamente no es así. Sin embargo, el problema en México es que no hay porciones significativas de masa crítica ni menos abundan teóricos que ofrezcan respuestas más o menos razonables a los retos que plantea la viabilidad de los medios públicos. Esta circunstancia hace abrigar dudas sobre la reconversión democrática de esos medios. Y es que el vacío cognitivo suele ser llenado con un ejercicio pragmático del poder para su propio beneficio.

En el plano internacional, las cosas no transitan por una mejor circunstancia. En general, el panorama de los medios públicos ofrece menudas interrogantes. A veces parece que los medios públicos se encuentran atrapados entre el servicio público y las demandas de eficacia empresarial. Si buscan la lucha por ganar grandes audiencias no tendría mayor diferencia de la televisión o de la radio comercial. En este caso, ¿para qué tener una televisión o una radio pública que no hace diferencia? Y si, por el contrario, asumen una función ortodoxa de servicio público, se convierte en un medio marginal y destinado a las minorías ¿Debe la sociedad destinar recursos para lo que ella no consume en forma mayoritaria? ¿Debe haber medios de servicio público sin público? Es por esta razón que en varios países de Europa se cuestiona la viabilidad de la televisión pública y se hace un llamado a una privatización general. Como dice Achille:

De acuerdo con la lógica liberal, el sector público no tiene función alguna que desempeñar en este campo, salvo por lo que se refiere a una misión de servicio público, misión que puede desempeñar a la perfección el sector privado.3

¿Desde esta perspectiva debe preservarse el modelo de radio y televisión públicas o, en efecto, el servicio público puede ofrecerlo la empresa privada?

El problema de fondo es que los propios medios públicos han seguido parámetros de conducta que no son los suyos. Han perdido progresivamente incluso un discurso y una terminología propios que los legitime de cara a la opinión pública y voltean la mirada a la empresa privada como paradigma de éxito y reconocimiento social. En México, por ejemplo, este hecho es particularmente cierto. Baste recordar que los directores de los medios del Poder Ejecutivo en los estados de la República suelen pedir, en cuanto foro tienen, acceso para que se reforme la ley, pero no para que haya medios con representación ciudadana y presupuesto propio por mandato legal, sino para que se les autorice a vender publicidad comercial a imagen y semejanza de una empresa privada.

Lo peor del caso es la aceptación acrítica en muchos espacios académicos y legislativos de semejante propuesta. De nuevo, la ausencia de referentes es llenada por el principio del menor esfuerzo intelectual que, como se observa, goza de cabal salud.

Los argumentos que desde la escuela neoliberal se han ofrecido para legitimar la desaparición de los medios públicos, así como las respuestas que ha vertido la escuela crítica, son los siguientes:

1) La escuela mercantil sugiere que la radio y la televisión, y lo que resulta de ellas, constituyen una mercancía y, por esa razón, se encuentran sujetas a las leyes de la oferta y la demanda.4 Por el contrario, la escuela crítica establece que la televisión es un servicio social trascendente que tiene una carga importante de responsabilidad social, que no puede ofrecer una postura aséptica.5 El principio aquí es básico: a mayor posibilidades de acceso a un medio de comunicación, mayores grados de responsabilidad con la sociedad que hace posible esa circunstancia.

2) La escuela mercantil afirma que la televisión comercial garantiza una libertad plena en la medida en que se instaura el principio de la soberanía del consumidor, de acuerdo con la cual el individuo es libre para decidir qué es lo que desea ver, sin que nadie pueda elegir en su nombre y representación.

La escuela crítica, por el contrario, sostiene que al individuo no se le puede tratar como consumidor, sino como ciudadano y en tal condición tiene derechos de participar en la vida comunitaria en condiciones de igualdad.

Y es que la privatización de los recursos informativos y culturales puede crear una sociedad dividida en dos partes: la de los ricos y la de los pobres de esos recursos.6

3) La escuela mercantil sostiene que la desreglamentación y la libre competencia generan variedad de programas susceptibles de satisfacer los más distintos gustos de la sociedad. Por el contrario, la escuela crítica sostiene:

En la televisión, los mecanismos de la competencia inducen a los canales comerciales a optimizar el ratio audiencia/costo de los programas. Esta tendencia conduce a una uniformidad de los canales mediante un doble fenómeno, el de los programas menos criticables [...] que obtienen la mayor audiencia y los menores costos, en que los programas que atraen la máxima audiencia y tienen la tasa de amortización más alta son los más populares y los más baratos en la reventa y, por lo tanto, los que tienen mayor redifusión.7

En un análisis no vale sólo identificar los problemas, sino que siempre es conveniente esbozar algunas pautas que puedan servir para replantear el perfil de los medios públicos. Un medio público modélico o paradigmático debe reunir, por lo menos, los siguientes rasgos distintivos:

1. El proceso creciente de desreglamentación de la radio y la televisión comercial tiene como contrapartida proporcional la eliminación de funciones mínimas de servicio público, tarea que debe ser confiada a los medios de servicio público. Es aquí donde reside precisamente uno de los puntos fuertes en favor de la existencia de medios de buen hacer periodístico, educativo y cultural.

2. Debe eliminarse el sistema de confusión vigente, de acuerdo con el cual a los medios públicos se les pide que operen como empresas privadas, circunstancia que desnaturaliza su propia esencia, como por ejemplo la venta de publicidad comercial. Esta medida podría resultar contraproducente toda vez que la empresa privada iniciaría toda una campaña para denunciar la competencia desleal del medio público, nutrido de una doble financiación. En España, por ejemplo, Antena 3 y Telecinco 5 sostienen de tiempo atrás una acre crítica contra Televisión Española por esta razón. En todo caso, habría que establecer un mecanismo para que tenga un acceso restringido a la publicidad comercial siempre como complemento de su presupuesto, pero nunca como la principal fuente de ingresos.

3. Los medios públicos deben tener como rasgo distintivo una serie de principios o valores sociales, más que el hecho de ser públicos en tanto su existencia corre a cargo del erario público. Por el contrario, corre a cargo del presupuesto estatal su funcionamiento porque efectivamente cumplen una utilidad social.

4. Los medios públicos deben ser gestionados de manera independiente, como una entidad de Estado y no del gobierno. Ello supone una participación activa en su dirección y composición de grupos representativos de la sociedad civil, pues en todo caso el interés público es siempre asunto del público, porque en ello va un instrumento ad hoc para optimizar el derecho a la información.

5. Los medios públicos deben ser financiados con recursos públicos. Por un lado, los provenientes de los contribuyentes generales y, por otro, los resultantes de establecer contribuciones graduales a la televisión comercial, de tal suerte que a mayor nivel de obtención de ganancias se destine un número mayor de recursos a los medios públicos.

6. Los medios públicos deben crear un espacio propio para el debate y la discusión social con la participación programática de sectores sociales representativos, de tal suerte que la libertad de información no sea una frase retórica para la inmensa mayoría de los ciudadanos, pues es sabido que el acceso a los medios privados o es mínimo o no existe por completo.

7. Los medios públicos deben adoptar una programación susceptible de formar masa crítica que permita, por tanto, crear pautas conductuales necesarias para estar en condiciones de estimular el principio de calidad programática como una regla general y no como la excepción. Esta es una de las grandes tareas de medio y largo plazo que deben plantearse los medios de naturaleza pública.

8. Los medios públicos deben confiar de manera creciente la producción de programas a organizaciones sociales (académicas, organizaciones no gubernamentales entre otras) más que a empresas privadas cuyo ánimo no necesariamente encarna el espíritu comunitario del que deben estar impregnados los programas de servicio público.

9. Los medios públicos deben ser fiscalizados por la propia sociedad a través de detallados códigos deontológicos y ombudsman internos que garanticen, por un lado, la independencia del medio y, por otro, mínimos de calidad programática en beneficio de la sociedad toda. De igual forma deben contar con reglas transparentes de actuación profesional plasmadas en lo que se ha denominado estatuto de redacción, instrumento normativo que regula las relaciones profesionales –no laborales– de periodistas y directivos dentro de la empresa informativa.

10. Debe penalizarse el uso de recursos públicos para fines privados, de manera tal que el gobierno no esté en condiciones de algún tipo de aprovechamiento por razones de ventaja política en perjuicio de la credibilidad y del propio sentido que debe animar a los medios públicos.

El reto para México es doble. Por un lado debe transitar hacia medios de Estado y, por otro, debe preparar una estrategia argumental que promueva la viabilidad de los medios públicos frente a la empresa privada.

Si en las democracias consolidadas los medios de servicio público juegan un papel significativo, en el país pueden convertirse en verdaderos instrumentos para ir edificando porciones cada vez más amplias de sociedad civil y menos de sociedad general del ser humano.

NOTAS

1) En otros artículos, el autor ha expuesto ampliamente porque afirma que sólo hay en el país medios del poder ejecutivo. Baste decir ahora que en México el único representado en esos medios no comerciales es el Presidente de la República o el gobernador del estado, en su caso, a la luz de los ordenamientos legales que fundan su creación.

2) J.G Blumler y W. Hoffmann-Riem, “New roles for public televisión in Western Europe: Challenges and Prospects”, en Journal of Communication, vol. 42, núm. 1, invierno 1992, pp. 21-22.

3) Y. Achille, Les télévisions publiques en quête d´avenir, Presses Universitaries de Grenoble, Grenoble, 1994, p. 314.

4) Veljanowski, C., “Market-Driven Broadcasting: Not Mith by Reality”, en Intermedia. vol. 18, núm. 6, Noviembre-Diciembre, 1990, pág. 17.

5) Cfr. Los artículos 15 y 16 del Código Europeo de Deontología del Periodismo aprobado por la Asamblea General de Consejo de Europa, el 1 de julio de 1993.

6) Scanell, P., “Public Service Broadcasting: The history of a concept”, en Goodwin, A. y G. Whannel, Uderstanding Television, Routledge, Londres, 1990, p. 22.

7) Salaün, J-M, A qui appartient la televisión?, Aubier, París, 1989, p. 82.

Bibliografía

Achille, Y., Les télévisions publiques en quête d´avenir, Presses Universitaries de Grenoble, Grenoble, 1994.

Atkinson, Dave y Marc Raboy (comp.), Public service broadcatsing: The challenge of the Twenty first century, Unesco, París, 1997.

Blumler, J.G. y W. Hoffmann-Riem, “New roles for public televisión in Western Europe: Challenges and Prospects”, en Journal of Communication, vol. 42, núm. 1, invierno, 1992.

Código Europeo de Deontología del Periodismo aprobado por la Asamblea General de Consejo de Europa, el 1 de julio de 1993.

González Encinar J. Juan, La televisión pública en la Unión Europea, Mc Graw Hill, Madrid, 1996.

Salaün, J-M., A qui appartient la televisión?, Aubier, París, 1989.

Scanell, P., “Public Service Broadcasting: The history of a concept”, en Goodwin, A. y G. Whannel, Uderstanding Television, Routledge, Londres, 1990.

Veljanowski, C., “Market-Driven Broadcasting: Not Mith by Reality”, en Intermedia, vol. 18, núm. 6, Noviembre-Diciembre, 1990.