�

El recuento de da�os que nos ocupa tiene varias lecturas. Por supuesto, ofrece aspectos positivos, aunque expresa tambi�n algunos retos para el futuro. Quiero referirme a ambos casos, as� sea en sus aspectos m�s generales.

1. En principio quiero destacar que el estudio elaborado por Omar Ra�l Mart�nez y Ver�nica Trinidad Mart�nez es exhaustivo, precisa con claridad las diversas categor�as de an�lisis que permiten diferenciar las formas de acoso particular a los periodistas de los hechos violentos que afectan a la sociedad en su conjunto. M�s a�n, se trata de un estudio muy completo. Esta apreciaci�n la corrobor� al buscar estudios similares en otros pa�ses que permitieran ofrecer un an�lisis comparativo e identificar con precisi�n donde estamos en el contexto internacional en materia de acoso period�stico. Y digo que corrobor� que se trata de un texto completo, pues las referencias que existen �al menos las que yo encontr� en los estudios formulados por el Comit� de Protecci�n de Periodistas de Nueva York, Reporteros sin Fronteras, Freedom Forum, entre otras� son gen�ricas y no profundizan como este estudio, ni menos a�n aportan un an�lisis sistem�tico como el que aqu� se contiene.

2. La sola publicaci�n de este recuento en forma sistematizada exhibe, de entrada, que hay un problema de eficacia en el r�gimen legal de nuestro pa�s. De acuerdo a las cifras que arroja el estudio que nos ocupa, se puede advertir que el proceso de reforma democr�tica nacional corre al paralelo de las funciones de los medios como veh�culos de transmisi�n de conciencia y de elementos informativos, para la toma de posturas de la propia sociedad. Es decir, la apertura de los medios no s�lo como espejo del cambio de la sociedad, sino, en algunos acasos, como vanguardia en la formaci�n de la opini�n p�blica genera resistencias, simple y sencillamente porque afecta las pautas que permite la reproducci�n del conocido sistema pol�tico mexicano. El resultado son precisamente estas f�rmulas, cubiertas o descubiertas de acoso period�stico, que manifiestan, por otro lado, que hay un proceso de cambio en la prensa mexicana, o por lo menos en sectores crecientes de ella.

3. El recuento pone de manifiesto tambi�n que el sistema legal de M�xico no ha reconocido a�n a la prensa como una profesi�n sustantiva en la formaci�n de una sociedad democr�tica. En el �mbito constitucional tenemos en los art�culos 6� y 7� de la Constituci�n garant�as decimon�nicas de protecci�n de las libertades informativas, con un deber esencial de abstenci�n de los poderes p�blicos. Pero no existe en la estructura legal mayor reconocimiento al trabajo period�stico. Existen, por supuesto, en Am�rica Latina diversos pa�ses que han avanzado en forma notable en este terreno. A v�a de ejemplo, pueden citarse tan s�lo las constituciones de Colombia, Guatemala y Paraguay, en donde adem�s de las garant�as de libertad de expresi�n e informaci�n, el trabajo period�stico est� dotado de apoyos legales que permiten cumplir con el primer derecho b�sico del trabajo informativo: la posibilidad de ejercer el periodismo.

4. El recuento permite reiterar lo atrasado y obsoleto del sistema legal de los medios en M�xico. Seg�n este recuento, uno de los factores de acoso reside en el bloqueo publicitario y en la cancelaci�n de espacios medi�ticos. Esto s�lo sucede en donde no hay democracia. La discrecionalidad de la ley genera vac�os y sombras que alimentan la sabia de la corrupci�n. El uso patrimonial de los recursos p�blicos en la asignaci�n de publicidad oficial para satisfacer intereses de grupo es una desmesura del caso mexicano. Lo mismo puede decirse de la singular liberalidad prevista en la Ley Federal de Radio y Televisi�n para renovar y revocar concesiones de radio y televisi�n. Aqu� se encuentra, en �ltima instancia, el fundamento legal de una iniciativa ileg�tima para cancelar programas, vetar periodistas o incidir opiniones.

5. Si bien es cierto que el recuento es aportativo, creo que valdr�a la pena para futuras ediciones integrar un apartado dedicado a la eficacia de resoluci�n judicial, en los casos que as� proceda; es decir, medir la impunidad judicial o, dicho al contrario, la capacidad de respuesta del sistema de procuraci�n y de aplicaci�n de justicia frente a las denuncias de hechos recibidas en este campo.

Existen varias conclusiones. Yo quisiera terminar �nicamente con dos.

1. Debe procurarse un cambio en el apartado jur�dico del pa�s que permita dar una mayor y mejor protecci�n al trabajo period�stico, tanto en el marco constitucional como a nivel de legislaci�n secundaria. El derecho comparado puede ser una fuente para abreviar lo mejor de la experiencia internacional ajustada al caso mexicano.

2. S�lo la unidad y la organizaci�n de los informadores permitir� defender la integridad del gremio y dar respuesta concreta frente a los m�ltiples retos que depara este proceso de transici�n. De no ser as�, los acosos, las presiones y, peor a�n, los fen�menos de impunidad habr�n de seguir su camino en perjuicio de todos. El camino de la unidad se ha perdido. Habr� que encontrarlo.�