Licenciado en Derecho por la UNAM. Candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de París III, Sorbonne-Nouvelle.

Por otro lado, el seguimiento de los hechos y actos del poder público se ha situado bajo la perspectiva de la defensa de las libertades relativas a la expresión y a la información, aspecto que tiene su punto histórico de arranque en la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano publicada en 1789.

El poder pasa de los oscuros callejones de su configuración y ejercicio a los grandes espacios de la publicidad. En tiempos de las grandes monarquías europeas, el poder real detentaba el monopolio de la información, la cual fungía como un valiosísimo termómetro de la obediencia de los súbditos. Hoy, los pasos del hombre político son seguidos de cerca por el gobernado a través de los medios de comunicación.

La comunicación política ha sido definida desde dos puntos de vista: de una manera amplia, distinguiéndola de la comunicación genérica por razón de su contenido y teleología; y de forma estricta, apelando al universo de fenómenos que contiene (élites, electores, gobernantes, medios de comunicación, estudio de la opinión pública, realización de sondeos de opinión). Creemos, junto con Hugues Cazenave, que el estudio de la comunicación política debe obedecer a una óptica plural capaz de integrar la multidimensionalidad de su contenido.¹

En el presente trabajo se recurre tanto a una definición de sus elementos como a la exposición de un esquema dialógico-pluralista para comprenderla en el marco de los regímenes democráticos.² Paralelamente, se analiza la necesaria distinción entre comunicación política y marketing político, para luego culminar con una reflexión en torno a la conveniencia de privilegiar un esquema dialógico-pluralista de comunicación del mensaje político por encima de la mercantilización llana del debate público.

Naturaleza y funciones de la comunicación política

Si se observa la comunicación política desde el ámbito del sistema político, se distinguen tres funciones esenciales propias respecto de su funcionalidad y finalidad:

a) Informativo-regulatoria. Al constituir el medio de interrelación entre gobernantes y gobernados, la comunicación política contribuye a integrar la comunidad política a través de la definición de los valores esenciales de la misma (expresados jurídicamente en la Constitución de cada país), cuya dinámica se precisa de manera cotidiana a través del debate efectuado en el espacio público, ámbito donde concurre la pluralidad de actores políticos.

En ese sentido, la comunicación política organiza las distintas definiciones que, sobre el interés público, surgen permanentemente en boca de los actores político-sociales tradicionales (partidos, asociaciones, ONG, ejército, iglesias, periodistas) y emergentes (grupos políticos, movimientos insurgentes).

La definición de Jean-Marie Cotteret sobre comunicación política expresa el sentido de esta función:

[un] intercambio de informaciones entre los gobernantes y los gobernados por canales de transmisión estructurados o informales.³

En términos de Jacques Gerstlé, la comunicación política cumple con tal función cuando se le entiende como

el conjunto de técnicas y de procedimientos que poseen los actores políticos, y particularmente los gobernantes, para atraer, controlar y persuadir a la opinión pública (para hacer o no hacer algo).⁴

En palabras de Dominique Wolton, esta tercera función define a la comunicación política de la siguiente manera:

El espacio donde se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que poseen la legitimidad de expresarse públicamente sobre la política y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos.⁵

El modelo dialógico-pluralista de comunicar políticamente corresponde, en su aplicación actual, a los objetivos y rea-lizaciones de las democracias contemporáneas, sustentadas en los principios de equidad, neutralidad y pluralismo en el tratamiento de los temas de importancia nacional, así como en la inclusión de las demandas de los actores políticos. La comunicación político-dialógica permite, además, una convertibilidad de roles donde el emisor del mensaje político (comúnmente el gobernado) se transforma en receptor del mismo cuando el receptor tradicional (el gobernado) participa en la definición de lo público a través del debate, cuyo ámbito de realización es el espacio público. Es propio del gobernante el detentar el monopolio de la información y comunicación de carácter estatal, pero es responsabilidad de todo individuo el acceder a la generación, crítica y reconstrucción de los múltiples sentidos de lo político en el ejercicio de sus libertades político-constitucionales.

Tal pareciera que la comunicación política se limitara al contexto de los multicitados actores políticos, es decir, de "aquéllos individuos que aspiran, a través de medios organizativos e institucionales, a influir en los procesos de la toma de decisiones".⁷ Empero, éstos constituyen uno sólo de los tres ángulos de su expresión y coordinación, siendo los otros los medios de comunicación y los ciudadanos.⁸

Los medios concurren en su papel de transmisores e intermediarios ideales del mensaje político, asegurando en buena medida la publicidad de los hechos y actos del poder público. Los ciudadanos --receptores inmediatos del mensaje político-- participan igualmente a través de una rica escala de organizaciones sociopolíticas; emplean la plataforma de los medios o se dirigen directamente a las instituciones en el ejercicio de su derecho a la información. Cada una de dichas dimensiones influye en la toma de decisiones con contenido público destinadas a impactar en la organización y desarrollo del sistema socio-político.

Por otro lado, cada uno de los elementos de la comunicación política detenta un recurso característico que le permite ser un participante activo en el proceso de la toma de tales decisiones (el discurso y la ideología, en el caso de los actores políticos; los recursos técnicos, en el caso de los medios; y el derecho soberano del sufragio, sumado a las libertades de expresión e información, en el caso de los ciudadanos).

Finalmente, la comunicación política supone un abanico de acciones tomadas por los actores políticos: teleológica, axiológica, afectiva, habitual, dramática y comunicativa. Es decir: el agente asume una actitud de comunicación con el objetivo de generar una decisión y una acción de carácter político dentro del marco del espacio público, actuando conforme a fines y valores; motivando afectos; procediendo conforme a conductas automatizadas (hábitos); desplegando una actitud protagónica en la escena política (acción dramatúrgica), y pretendiendo motivar una interacción en la creación y coordinación de los consensos (acción comunicativa en el sentido de Habermas). El desenvolvimiento de tales acciones puede verificarse de una manera simultánea o parcelada, conforme al tipo de actor y sus motivaciones u objetivos.⁹

De la comunicación política al marketing político

La comunicación política constituye un quehacer permanente de interrelación entre el gobernante y el gobernado, vinculado a la generación de información y mensajes políticos transmitidos a través de los medios de comunicación. En tal sentido, la comunicación política participa de una vocación constante que no se circunscribe a la mera venta de un producto político (el candidato y su programa) en periodo electoral.¹⁰

En los últimos tiempos, la comunicación política conoce un amplio desarrollo en el terreno de las técnicas utilizadas para captar las necesidades que tiene un mercado electoral, estableciendo un programa ideológico que las solucione y ofreciéndole un candidato que personalice dicho programa y al que se apoya e impulsa a través de la publicidad política. Dichas técnicas han configurado el marketing político, cuyo origen se remonta a la elección presidencial norteamericana de 1952. Empero, su enorme evolución y la consecuente adaptación al contexto de los sistemas políticos de corte pluralista no constituye un argumento válido para confundir sus fines con los propios de la comunicación política, la cual rebasa la esfera puramente electoral y la oferta de candidatos y programas. Más aún: el propio marketing político constituye una herramienta utilizable en periodos de gobierno a fin de gestionar las políticas de comunicación de las nuevas administraciones.

Dos son los cometidos esenciales de una estrategia de marketing político-electoral: en primer término, el de confirmar la adhesión de los militantes que sostienen al candidato y a su partido en un momento dado; paralelamente (y éste constituye el terreno más delicado en la elaboración de un plan de campaña), el de agregar a la masa inicial de militantes a aquellos electores que no tienen definido su voto por un partido, o bien quienes, sosteniendo una elección inicial, pueden trasladar su simpatía hacia el candidato y el partido que la pretende. A esta última categoría de electores, los especialistas norteamericanos le han denominado target voters (electores-objetivo). Para llevar a cabo una planificación de marketing político-electoral, se observa el estado de la opinión para conocer la demanda, se define la oferta en función de esa demanda (traducida en una propuesta combinada de imagen y de programa, representada en la persona del candidato) y se establece el tipo de comunicación persuasiva que muestre al electorado las bondades del producto político.¹¹

La progresión de la democracia en México permite prever un desarrollo rápido y profundo del marketing político, explicado esencialmente por la pluralización del mercado político y la elevación de los niveles de competencia en la búsqueda de los espacios de decisión. Los propios candidatos se ven motivados a representar un abanico cada vez más vasto y complejo de intereses, los cuales señalan incluso rasgos contradictorios de difícil armonización (pensemos en el caso de los vendedores ambulantes). Por otra parte, no debe perderse de vista que el marketing político posee dos ámbitos globales de aplicación: en periodo electoral y fuera de éste, cuando se lleva a cabo el llamado marketing de gestión política o de gobierno, cuyo cometido fundamental es consolidar las políticas públicas y, en general, conservar un contacto dinámico entre gobernantes y gobernados. Debe advertirse que varios estudiosos del marketing político se han cuestionado sobre el impacto de éste en la calidad del debate político. Las opiniones, generalmente divergentes, coinciden en que la causa del déficit del discurso político radica en el exceso de la mercantilización de la vida política. Otros optan por una conjunción de factores donde el marketing político no constituye más que un elemento referencial por analizar.¹² En todo caso, el marketing político se instala con mayor facilidad donde las condiciones de competencia política son lo suficientemente elevadas para motivar a los actores políticos a emplear distintas técnicas encauzadas a convencer al ciudadano-elector. En México, el marketing político (con toda su red de especialistas y técnicas) constituye una práctica relativamente reciente que deberá tomar en cuenta los excesos que se han obervado en países como Estados Unidos o Francia, a fin de dar un mayor terreno al contenido del enunciado político (y al ciudadano-elector como entidad pensante).

La multidimensionalidad de la comunicación política

Los principales usos dados --señala Fernando Solís-- a las encuestas electorales son: predecir los resultados de la votación, influir en la decisión del voto, aumentar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, generar credibilidad en torno a ellos, orientar la selección interna de candidatos que hacen los partidos políticos, canalizar recursos para financiar campañas, y motivar a los equipos de campaña.¹⁴

En México, la práctica de los sondeos de opinión en materia electoral han tenido un despegue formidable desde el proceso de 1988. Tal actividad es ofrecida por empresas como Mori de México, Gallup, Indemerc-Harris, BIMSA, Nielsen Covarrubias y Asociados SC, IMOP, etcétera, las cuales poseen departamentos de estudios políticos dedicados, entre otras actividades, a la realización de sondeos de opinión. En la elección presidencial de 1994, su empleo se encontraba tan arraigado que algunos partidos de oposición y ciertos especialistas hablaban ya de un clima de guerra de encuestas.¹⁵

El empleo creciente de los sondeos de opinión pre-electoral puede explicarse en buena medida por la incertidumbre política que ha vivido el país en los últimos 20 años. Desde 1988, el partido hegemónico --el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-- ha perdido posiciones claves tanto en la célula local como en los gobiernos estatales. El mercado político, entendido como la confluencia de múltiples actores políticos (principalmente partidos) en su carácter de ofertantes de recursos reales o potenciales, ha diversificado el espectro de la lucha política. Lo anterior ha tornado el espacio público más controvertido y, por ende, las campañas políticas se han tenido que adaptar al clima de mayor pluralidad y competencia. Ahora no basta con seguir los senderos tradicionales del discurso político y de los mítines masivos, sino que se precisa un programa convincente, consciente de sus limitaciones, sumado a una clase política comprometida.

De igual forma, unidades de investigación como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Fundación Arturo Rosenblueth, han contribuido, desde el ámbito de la sociedad civil, al desarrollo de una cultura demoscópica en México, cuyo cometido es el de permitir al ciudadano entender y explotar el contenido de las encuestas.¹⁶ Dicha cultura demoscópica no ha estado exenta de múltiples contradicciones en su integración, particularmente respecto a la validez de los resultados de los sondeos de opinión. El debate sobre su calidad científica condujo, en julio de 1994, al establecimiento de una serie de lineamientos para la elaboración de encuestas por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). A ello se sumaron una decena de principios deontológicos básicos en materia de información electoral, los cuales habrían de ser atacados por los medios masivos de comunicación.¹⁷

Por su parte, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y de Opinión Pública (AMAI) ha emitido sus propios criterios de calidad, como un esfuerzo por elevar la calidad del debate político a través de la presentación de estudios realizados responsablemente. Asimismo, en 1994 la práctica de las encuestas de salida --o exit polls-- indujo a limitar la incertidumbre en la posible comisión del fenómeno que se dio en llamar caída del sistema, acaecido en 1988.¹⁸

La elaboración de las estrategias de una campaña electoral no se limitan, ciertamente, a los actos de propaganda en los distintos medios de comunicación. Ellos incluyen, con igual relevancia, la organización de los actos tradicionales basados en el proselitismo político y los mítines. Si se piensa que entre el 35 y el 45 por ciento de los presupuestos de campaña de los partidos se consagra a la propaganda por diversos medios, entonces se deben definir políticas de difusión que, además de responder a la imagen del candidato, sepan ofrecer un programa cercano a las demandas del electorado. Ahora bien, los estudios de opinión pública deben ser entendidos en sus justas dimensiones, es decir, como un reconocimiento concreto --en el tiempo y en el espacio-- del estado de la opinión de un público determinado. La opinión pública no constituye --ni todos los públicos ni todo el electorado-- sino una representación de una de sus parcelas.

¿Hacia un modelo pluralista de comunicación política?

A lo largo de los últimos 30 años, el elector mexicano se ha tornado mucho más consciente del poder de su voto. Los porcentajes de participación ciudadana en las elecciones presidenciales y legislativas han tenido un incremento notable desde 1991, después de haber registrado importantes y progresivas bajas hasta 1988. En 1994, el 77 por ciento de los electores se presentó a votar, mientras que el 70 por ciento lo hizo en los comicios de 1997: un verdadero récord si se reflexiona en la importancia secundaria que, hasta entonces, se concedía a las elecciones legislativas en relación con las presidenciales.

Si contemplamos la historia política mexicana bajo la luz de la comunicación, se puede constatar la existencia de dos modelos de practicar la comunicación política en México. El primero existió entre 1930 y 1988 y se caracterizó por su naturaleza autoritaria, corporativa y clientelista, donde el canal básico de emisión del mensaje político era el PRI.¹⁹ Tal instituto político garantizaba la repartición de los recursos estatales destinados a puestos de trabajo, salarios, estudios, etcétera. Los conflictos que se presentaban, y que generaban tensión eventual en el sistema, eran resueltos por las propias estructuras corporativas del partido (sindicatos, confederaciones, movimientos) o por el Presidente de la República (como gran árbitro del sistema). El efecto inmediato del mensaje era de carácter impositivo-cooptativo y el mantenimiento del sistema se verificaba, por un lado, gracias a la capacidad del régimen político para efectuar una distribución adecuada de los recursos estatales en favor de las clientelas; y por el otro, a raiz de la capacidad para incluir, dentro de las corporaciones leales al régimen, la mayor parte de las corrientes y actores que demandaban un acceso al terreno de los beneficios del Estado.²⁰

Empero, el modelo autoritario-corporativo se desgastó notablemente a finales de los años setenta para definir, al comienzo de los noventa, lo que Alejandra Moreno Toscano definió como "el quiebre del modelo de comunicación autoritaria del poder".²¹ La erosión del modelo se aceleró con la crisis económica de los años ochenta, que tuvo como consecuencia fundamental el limitar poderosamente la capacidad estatal de beneficiar a las masas demandantes de recursos. En el terreno político, la evolución constante de la oposición y el surgimiento de una pluralidad de actores políticos que ya no formaban parte del aparato hegemónico, confluyó en la configuración de nuevas condiciones para la lucha por el poder. La llegada de una nueva élite política reconocida por sus cualidades técnicas y su vocación por la "reforma del Estado", quebró definitivamente los flujos tradicionales de comunicación que hasta entonces caracterizaban a la relación gobernantes-gobernados. Y por tanto, se rompieron las alianzas corporativas que sustentaban la legitimidad y la eficacia del régimen político. Al rompimiento contribuyeron, con igual fuerza, los movimientos sociales potenciados desde mediados de los años ochenta, así como el surgimiento del neozapatismo en enero de 1994.

Desde fines de 1988, el Presidente Carlos Salinas de Gortari entendió perfectamente el papel que los medios de comunicación podrían desempeñar para limitar las voces de oposición que señalaban insistentemente su origen espurio. Al mismo tiempo, la administración puso en marcha una estrategia de legitimación en los hechos a partir de la proposición de un pacto social basado en el Programa Nacional de Solidaridad, comenzado desde los últimos años del régimen del Presidente Miguel de la Madrid. A lo largo del sexenio 1988-1994, la aplicación de encuestas y el diseño de pautas en materia de comunicación audiovisual, sirvieron de sustento a la estrategia de legitimación del modelo salinista de desarrollo.²²

Carlos Salinas instala un nuevo modelo de comunicación política: el neocorporativo-autoritario. Tal modelo parte del desplazamiento del poder de las estructuras del PRI --hasta entonces núcleo fundante de las relaciones políticas-- hacia la institución presidencial, la cual desborda los límites de gran árbitro del sistema para situarse como el actor central. El sistema tradicional de alianzas y de lealtades al partido se desplaza hacia la figura presidencial, que adquiere dimensiones de influencia considerables al centralizar en su favor el grueso de los recursos. El mensaje presidencial es fundamentalmente impositivo, aunque se ve obligado a transigir en múltiples ocasiones, como lo recuerdan las llamadas concertacesiones que tuvieron como resultado el reconocimiento del triunfo de la oposición en varios estados de la República Mexicana.

Actualmente, el modelo neocorporativo permanece vigente, aunque debilitado ante la existencia de un Poder Ejecutivo con poca vocación al ejercicio autoritario del poder. Al intentar acercar las instituciones al gobernado y al conceder libre juego a los actores políticos, el Ejecutivo Federal ha buscado favorecer la instalación de un canal multipolar de producción y recepción del mensaje político. Empero, dicha libertad ha sido contrariada por la pérdida de legitimidad del régimen, cuestionada seriamente desde la aparición del movimiento neozapatista en 1994, la serie de asesinatos políticos, el avance del narcotráfico, la inseguridad, la violación de los derechos humanos y la persistencia de enclaves autoritarios. En materia de derecho a la información, las libertades constitucionales garantizadas en los artículos sexto, séptimo y octavo constitucionales han quedado constreñidas a la interpretación limitada de su contenido vigente.

Si por comunicación política se entiende un intercambio dialógico de mensajes, programas y acciones entre gobernantes y gobernados con el fin de alcanzar o de preservar el poder público, se observa que ésta ha registrado una revaloración definitiva en México. Tal revaloración pasa, en primer término, por el quiebre del monopolio tanto de los canales para hacer llegar el mensaje político (anteriormente en manos de un modelo autoritario-corporativo de gobierno), como de la legitimidad de los contenidos de esos mensajes (medida por su mayor o menor acercamiento a las necesidades reales del país).

Del marketing político a la comunicación política

El discurso dialógico constituye, pues, un intercambio permanente, negociado y coherente de sentidos entre un emisor y un receptor cuyos roles son variables. La eficacia del discurso político transcrito por la comunicación política pretende, entonces, no solamente obtener el apoyo del receptor en su calidad de elector, lo que limitaría dicha comunicación a su definición puramente persuasivo-mercadológica. Ella comporta, igualmente, el desarrollar una serie de validaciones compartidas que puedan ser preservadas y observadas por la mayoría de los interlocutores en un momento dado.

Cualquiera que sea el programa que se determine en torno al tránsito político del país, los diversos actores deberán tomar en cuenta el estado de pluralidad creciente de la sociedad mexicana. El juego político podría, entonces, superar el terreno de la comunicación política definida por su sola relevancia persuasivo-electoral, para alcanzar posibilidades de afirmación institucional. Por otro lado, el discurso político podría superar la lógica del denuesto para concentrarse más sobre el aspecto programático de las campañas. En el marketing político de fines de siglo, se precisa asociar el juego de la imagen a la riqueza y sinceridad de un programa de gobierno. Hablar claro y con contenido a fin de elevar la calidad del debate político en la construcción de una democracia sólida: tal ha de ser el cometido de la comunicación política en su multiplicidad de expresiones en lo sucesivo. Lo anterior, sin olvidar que el cometido de la política --y de la comunicación política-- es el de circunscribir el tiempo parsimonioso de la historia a la celeridad que caracteriza a los tiempos de la información noticiable. La democracia, terreno movedizo, es a fin de cuentas el arte de limitar la incertidumbre.

NOTAS

2) En este sentido, seguimos las concepciones expresadas en las obras de Jürgen Habermas, El espacio público; Ludwig von Bertalanffy, Teoría general de sistemas; Jacques Gerstlé, La communication politique; Gilles Achache (particularmente "Le marketing politique", en la revista Hermès Núm. 4, ediciones del CNRS, 1989); David Easton, Análisis del sistema político; N. Wiener, Cybernetics or control and communication in the animal and the machine.

3) Citado por Francis Balle, Médias et sociétés, París, Montchrestien, 1994, p. 64.

4) Gerstle, Jacques, La communication politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 4. Es claro que el propio autor no limita el campo de la comunicación política a su puro ámbito persuasivo, expresado ciertamente en el marketing político.

5) En "Les contradictions de la communication politique", en la revista Hermès, París, ediciones del CNRS, 1995, pp. 107-108.

6) Seguimos aquí a Gilles Achache, "Le marketing politique", en la revista Hermès Núm. 4, París, ediciones del CNRS, 1991, p. 104.

7) McNair, Brian, An introduction to political communication, Londres, Routledge, 1995, p. 5.

8) McNair, Brian, Op. Cit., p. 4 y ss.

9) Seguimos la exposición de André Gosselin en "La communication politique. Cartographie d'un champ de recherche et d'activités", en la revista Hermès, Núm. 17-18, París, ediciones del CNRS, 1995, pp. 17-35.

10) Véase, el deslinde de ambas materias efectuado por Serge Albouy, Marketing et communication politique, París, L'Harmattan, 1994, p. 22 y ss. ; y Jacques Gerstlé, La communication politique, edición citada, p. 4 y ss.

11) Albouy, Serge, Op. Cit., p. 26. El propio autor distingue incluso entre distintos tipos de marketing político-electoral en la página 27 de la obra citada.

12) Al respecto, sugerimos la lectura del artículo de Gilles Achache, citado anteriormente.

13) Para configurar sus estrategias de marketing electoral, los candidatos del PRI, PAN y PRD hicieron uso de los servicios de empresas como Alazraki y Asociados, Vilchis y Garibay, Armando Pérezgrovas, así como un uso intensivo de los espacios en prensa, radio y televisión. El PRD incluyó una agenda de campaña publicada diariamente en La Jornada y en otros diarios capitalinos. Paralelamente, los tres partidos citados --que cubren más del 70 por ciento del electorado-- tuvieron una muy amplia difusión en los medios audiovisuales, cuyos spots y espacios televisivos presentaron mayor desarrollo que en procesos previos. Es interesante apuntar que los tres partidos crearon incluso una página en Internet para informar sobre sus candidatos y programas.

14) "Encuestas, procesos electorales y campañas políticas", en Argüelles, Antonio y Villa, Manuel, México: el voto por la democracia, México, Miguel Ángel Porrúa, 1994, p. 194.

15) Desconocemos la existencia de un estudio integral de los sondeos de opinión pre-electoral realizados en México en 1988 y antes de esta fecha. En el proceso de 1988, resaltó la publicación de estudios como los de la Facultad de Ciencias Políticas, de la UNAM (de hecho, sumamente controvertido), la serie de sondeos de Gallup, los estudios de la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo y los del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. En el proceso de 1994, Fernando Solís Cámara registró la realización de 59 sondeos entre el primero de enero y el 12 de agosto del mismo año ("Encuestas, procesos electorales y campañas políticas", en Argüelles, Antonio, Op. Cit.). En las elecciones legislativas de 1997, fueron notables los sondeos de opinión en torno a la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. La sección "Apunte" de El Nacional (19/06/97) registraba, hasta fines de mayo del mismo año, más de 40 estudios.

16) Se sugiere la lectura de la obra introductiva en la materia intitulada Encuestas: guía para electores, de Michael W. Traugott y Paul J. Lavrakas, México, Siglo XXI editores, 1997, 238 p. Por otra parte, múltiples académicos han denunciado el empleo manipulador de las encuestas como resultado de una cultura inadecuada de su uso. Al respecto, conviene revisar las observaciones incluidas en el artículo "Influyen los resultados de las encuestas en la toma de decisiones", en El Financiero, 31 de mayo de 1997, p. 18.

17) Puede consultarse, en el Diario Oficial de la Federación del 3 de marzo de 1997, la versión actualizada del contenido de los llamados "Criterios generales de encuestas por muestreo". Igualmente, los lineamientos aplicables a los noticiarios de radio y televisión en periodo electoral fueron aprobados por el Consejo General del IFE, en su segunda versión, el 28 de noviembre de 1996.

18) Convendría no olvidar, por cierto, el papel desempeñado por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión durante los procesos electorales, que efectuó sendas encuestas de salida de casillas durante la jornada del 21 de agosto de 1994.

19) Entendemos por corporativismo el "sistema de la representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y distinguidas funcionalmente; reconocidas o permitidas (si no creadas) por el Estado y a las cuales les ha sido garantizado un monopolio representativo deliberado al interior de sus propias categorías a cambio de la observación de ciertas reglas en la selección de los líderes y en la articulación de las demandas y lealtades". Schmitter, Philippe C., "Still the Century of Corporatism?", en Pike Fredrick éd., The New Corporatism. Social-Political Structures in the Iberian World, Notre Dame, Notre Dame University Press, 1974, p. 94.

Por régimen autoritario, se comprende aquél donde se impone un pluralismo limitado, una movilización político-social acotada por los canales corporativos del Estado, un poder centralizado en un líder y una élite definidas y la existencia de una serie de reglas informales que organizan el ejercicio del poder público y el reparto de los recursos estatales. Véase al respecto la obra de Jaime F. Cárdenas Gracia, Transición Política y Reforma Constitucional en México. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994, pp. 56-58.

Finalmente, clientelismo se refiere a una "relación directa entre dos personas (bilateral o diádica), asimétrica (desigual entre un patrón y un cliente), pero de intercambio (afectivo y material) y, por ende, recíproca. El patrón ofrece protección --militar o judicial--, asistencia --alimentaria, económica...-- en caso de necesidad; el cliente brinda servicios benévolos, hace dones en especie, manifiesta un reconocimiento, fidelidad y lealtad a su patrón[...] La relación clientelar es particularista y no universal[...], es difusa y no específica[...], es afectiva y no puramente instrumental[...], está inspirada por el interés particular y no por el interés colectivo[...]" Charlot, Jean y Mónica, "Les groupes politiques dans leur environnement", en Grawitz, Madeleine y Leca Jean, Traité de Science Politique, vol. 3, París, Presses Universitaires de France, 1985, p. 438.

20) El estudio del régimen político mexicano entre 1930 y 1990 puede seguirse en un número considerable de obras. Entre aquéllas que consideran el tema, recomendamos la lectura de las siguientes: Aziz Nassif, Alberto coord., México: una agenda para fin de siglo, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades/UNAM, 1996, 243 p; Blanco, José Joaquín, Woldenberg, José comps., México a fines de Siglo, vol. 2, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, 401 p; Cardenas Gracia, Jaime F., Transición Política y Reforma Constitucional en México, México, UNAM, 1996, 215 p; Garrido, Luis Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada. La formación del nuevo Estado en México (1928-1945), México, Secretaría de Educación Pública, 1986, 493 p; Rodríguez Araujo, Octavio, coord., Transición a la Democracia. Diferentes Perspectivas, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades/UNAM, 1996, 240 p.

En cuanto a los artículos de interés, se sugiere la lectura de "Redes informales de intercambio en sistemas formales: un modelo teórico", y "Las relaciones horizontales y verticales en la estructura social urbana de México", ambos en Adler Lomnitz, Larissa, Redes Sociales, Cultura y Poder: ensayos de antropología latinoamericana, México, M.A. Porrúa, 1994, pp. 217-274; Davis, Diane E., "Failed democratic reform in contemporary Mexico: from social movements to the State and back again", en Journal of Latin American Studies, Cambridge, May 1994, Núm. 2, pp. 375-408; Levy, Daniel C., "Mexico: sustained civilian rule without democracy", en Diamond, Larry, Linz, Juan J. et Lipset, Seymour Martin éds., Democracy in Developing Countries. Latin America, Boulder, Lynne Rienner/Adamantine Press, 1989, pp. 459-497; Knight Alan, "Mexico's Elite Settlement", en Higley, John, et Gunther, Richard éds., Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 113-145; Loaeza, Soledad, "México: construire le pluralisme", en Couffignal, Georges dir., Réinventer la démocratie: le défi latino-américain, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques , 1992, pp. 202-220; Pecaut, Daniel et Prevot-Shapira, Marie France, La recherche d'une nouvelle légitimation: le programme national de solidarité, dans Problèmes d'Amérique latine, Paris, avril-juin 1992, p. 94; Provencio, Enrique, "El claroscuro de los ochenta: la década en la perspectiva del desarrollo", en Blanco, José Joaquín y Woldenberg, José comps., México a fines de siglo (vol. 2), México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 225-265; Rodríguez, Victoria A., "Disentangling the PRI from the government in Mexico", en Mexican Studies, Berkeley, University of California Press, Winter 1994, Núm. 17, pp. 5-23; Tello, Carlos, "Sobre la Desigualdad en México", en Blanco, José Joaquín y Woldenberg, José comps., México a fines de siglo (vol. 2), México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 7-62; Whitehead, Laurence, "The Peculiarties of "Transition" a la Mexicana", en Working Paper Núm. 4, Notre Dame, University of Notre Dame, 1994, 23 p.

21) Ver la entrevista publicada en Proceso Núm. 1011, 18 de marzo de 1996, pp. 14 y ss.

22) El lector interesado sobre este punto puede referirse a los artículos contenidos en la obra compilada por Roderic Ai Camp, Encuestas y democracia: opinión pública y apertura política en México, México, Siglo XXI Editores, 1997, particularmente el artículo de Alejandro Toscano sobre el uso político de las encuestas.